Dice el licenciado Mario Ignacio Álvarez Ledesma, subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, y de quien dependerá la fiscalía de los periodistas, que se busca la real protección de la actividad de los “tundeteclas”. Lejos quedaron las 32 fiscalías que creó de plumazo el presidente Vicente Fox a raíz de la presión de los editores de toda la república, motivada por la ejecución del dueño y director del diario “La Opinión” de Poza Rica, Veracruz, Raúl Gibb Guerrero. Hasta se atrevieron a filtrar que su muerte de debió a un cuantioso seguro de vida de 10 millones de dólares, donde según la beneficiaria era una alta funcionaria del C4 de Poza Rica. La pobre mujer, se la trajeron hasta Xalapa, por miedo a que los familiares trataran de hacerle daño, a pesar de que todo era mentira.
Total que de las 32 fiscalías, uno para cada estado, ninguna funcionó. En Veracruz se nombró al licenciado y xalapeño Gustavo Jiménez Caballero, agente del Ministerio Público en Coatzacoalcos, pero no tuvo ningún contacto con los “tundeteclas” del estado durante 10 meses. Después, el diario “La opinión”, el 8 de diciembre del año pasado, dio a conocer de que el personal a cargo del crimen de su director, estaban parados: ni para atrás ni para adelante, atreviéndose a catear la casa del hijo de Silvia Gibb Guerrero, Brian Buiss Gibb, quien ante el acoso tuvo que salir del país.
Después la PGR, dio como un hecho que el asesino intelectual del periodista era el “Zar de la Gasolina”, Martín Rojas López, detenido en Estados Unidos por evasión fiscal. El caso es que el crimen de Gibb está impune y nadie voltea hacia los mafiosos de la región del Totonacapan, los que han matados políticos y periodistas, y con quien Gibb Guerrero, también tenía problemas porque se metieron a la función pública y siempre los atacaba el fallecido editor.
La Fiscalía de la PGR no funcionará porque no es solicitada por los periodistas y no los involucra en saber los avances de las investigaciones como sucede en Veracruz. A raíz de la muerte de Gibb y ataques a varios periodistas, en el mes de mayo del año pasado hubo dos manifestaciones en Xalapa, pidiendo la “Fiscalía Especializada en Ataques a la Libertad de Expresión” y el 13 de mayo, en el café de la Parroquia de Xalapa, el Procurador de Justicia del Estado no anunció la fiscalía, pero se comprometió a ser la “ventana” y llevar personalmente los casos de agresiones a periodistas, con el compromiso de reunirse cada día 7 de cada mes para dar a conocer los avances de las investigaciones.
Hubo en esos meses avances y se giraron órdenes de aprehensiones contra agresores; también hubo arreglos entre las partes y en otros casos están atorados, pero no muertos. En un principio, los periodistas presentaron casos desde 1956 de muertes y desapariciones de “tundeteclas”, pero muchos habían prescrito con el tiempo, aunque se solicitó la reapertura de los casos de la desaparición de Jesús Sandalio Lechuga, de Martínez de la Torre, y del periodista José Miranda Virgen, quien murió de manera extraña quemado en su departamento, después de señalar que funcionarios del gobierno alemanista estaban involucrados en el narcotráfico.
En todos los casos presentados desde 1956, había un factor común en sus muertes: el poder regional o municipal. Hay casos que todo mundo sabe quién los mandó a matar, pero no hay pruebas o se han ido muriendo los involucrados. Por fin, el 13 de noviembre del 2005, el Procurador de Justicia, Emeterio López Márquez, por instrucciones del gobernador Fidel Herrera Beltrán, firma el acuerdo 063/2005, donde crea la “Fiscalía Especializada en Delitos en Agravio de Periodistas en Ejercicio de su Función”, recayendo el primer nombramiento como fiscal en el licenciado Mario Delfín Domínguez, quien despacha en Rebsamen 107, centro de Xalapa, Veracruz, con los teléfonos de oficina 01 2288 189093 y el celular disponible las 24 horas del día durante los 365 días del año el 01 2281 344101.
En Veracruz, se dio un paso importante en crear la fiscalía y falta más, porque hay que buscar su autonomía para que con recursos propios se pueda investigar con objetivos de buscar la justicia a secas, y no estén sujetos al poder político; pero para eso se necesita la voluntad del Gobernador y de la Legislatura del Estado. Para esto, hay que tomar en cuenta a los organismos internacionales cuando señalan que “en México, la profesión de periodista es la más peligrosa”.
La diferencia entre la Fiscalía de la PGR y la estatal, es que la primera fue una decisión unilateral y no hay involucramiento de los periodistas, como sucede con la de Veracruz donde hay reuniones cada mes. Sería bueno que la fiscalía de la PGR, empiece por enjuiciar al gobernador de Puebla, Mario Marín, por el abuso de autoridad y tortura en contra de la periodista Lydia Cacho (quien tiene la fortuna de estar viva, por los personajes involucrados en su libro”Los Demonios del Edén) y que tengan la suficiente responsabilidad para enfrentarse con el crimen organizado, principales agresores de periodistas en estos tiempos modernos. Soñar no cuesta nada.
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