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DEFENSORÍA PARA PERIODISTAS
Y MARTÍN SERRANO

César Augusto Vázquez Chagoya
7 de mayo de 2006



Los meses de abril y mayo del año pasado fueron muy agitados para los periodistas, pero con preámbulos para buenas cosas. Empezó dicha temporada con las muertes del Totonacapan donde ya se metió a la política la mafia del narcotráfico, que no pocos homicidios han cometido en aras de alcanzar el poder que dominan desde 1995. El 8 de abril es asesinado el director del diario La Opinión de Poza Rica, Raúl Gibb Guerrero, después de inaugurar La Opinión de Martínez de la Torre, uno de los centros de actividades del narcotráfico.

Gibb Guerrero había sido especialmente crítico del círculo del mal formado por Alfonso Allegretti Mejia, Guillermo Zorrilla Fernández, Rómulo Isael Salazar y Basilio Picazo Pérez; aliados (por motivos de negocios) de Martín Rojas López, el “zar de las gasolinas”, quien aparte de producir varios productos adulterados en sus refinerías clandestinas, vendía turbosina para los aviones y gasolina para las lanchas del narcotráfico. También odiaba a su antiguo patrón, ya que fue chofer del fallecido editor.

Encarrerados con la muerte de Gibb, el 6 de mayo asesinan al ex síndico de Coyutla, Miguel Alfonso Vázquez, mientras Basilio y su hermano Benito, el actual alcalde de Coyutla, hacían pasarela en el café “La Parroquia” de Xalapa para que todos mundo los viera y por coincidencia ese día se realizó en ese lugar una reunión de periodistas para solicitar la Fiscalía Especial para investigar los delitos contra la Libertad de Expresión, después de dos marchas de periodistas el 27 de abril y 3 de mayo en la capital del estado.

Ese día en “La Parroquia”, Basilio al saludar a la mesa de periodistas se le ocurrió presumir que le echaban la mano Montano y Flavino porque lo querían quitar de alcalde.

Así que ese día 6 de mayo, mientras asesinaban a Miguel Alfonso Vázquez, sicarios a la orden de los diputados federales Guillermo Zorrilla Fernández y Rómulo Salazar, los Picazo se paseaban en Xalapa para tener la coartada de que ellos no eran los asesinos intelectuales, pero les falló y la Policía Ministerial agarró a dos de los homicidas, resultando uno sobrino de Rómulo (dueño de la empacadora de cítricos donde se escondieron los asesinos), y el otro hijo de los guardaespaldas de Zorrilla, perteneciente a la familia Rodríguez Franco, autores de los últimos crímenes políticos en la zona norte en los últimos 20 años.

Presos dos de los homicidas, confesaron que Basilio Picazo Pérez era el asesino intelectual, estando actualmente fugado el ex alcalde de Coyutla, quien todavía persiste en la impunidad.

En esos días, los periodistas el día 13 de mayo se reúnen públicamente con el Procurador General del Estado, Emeterio López Márquez, en el café “La Parroquia” de Xalapa, donde el funcionario anuncia que no se crearía por el momento la Fiscalia Especializada en Delitos Contra la Libertad de Expresión, pero que él personalmente cada mes se reuniría con los comunicadores para saber de los avances de las investigaciones en delitos cometidos en contra de periodistas, y así cada día 7 de cada mes se daban las reuniones, hasta que se anunció que por acuerdo del gobernador de Veracruz, el 17 de noviembre del 2005, se creaba la Fiscalía Especializada en Delitos en Agravio a Periodistas en Ejercicio de su Profesión.


La responsabilidad de los trabajos recayó en el Fiscal en Delitos Electorales, Mario Delfín Domínguez, quien puso a disposición los teléfonos de su oficina y su celular particular para atender los casos las 24 horas del día. Desde mayo hasta la fecha se solucionaron problemas de periodistas con autoridades y particulares. Entre los que no se han podido podido resolver, destaca el del periodista José Luis Gracia Sánchez, de Pánuco, quien ha sido encarcelado 5 veces por órdenes del diputado local Ricardo García Guzmán, y al grupo político del Legislador, que ha difamado al periodista, ninguna vez. Otros casos no han caminado, pero se trabaja en ellos.

El sábado 6 de mayo pasado, el periodista Martín Serrano Ferrera, director del periódico “Tribuna” andaba contento. Desde el 15 de febrero del 2001, por órdenes del gobierno de Miguel Alemán, le robaron su maquinaria, además de que fue golpeado varias veces. En su denuncia acusa directamente de tal acción al ex gobernador, a Alejandro Montano Guzmán, entonces secretario de Seguridad Pública, a Raúl Peimbert Diaz, coordinador de Comunicación Social, y a otros.

Uno de los principales señalados como ejecutores de tal acción, fue el ex presidente de la Barra de Abogados, Manuel Acevedo Olguín, quien fue asesinado en Coacoatzintla en el 2004, y el pasado sábado fueron detenidos por la Policía Ministerial, Armando Vega Rojas, quien sacó la maquinaria del “Tribuna”, y a la abogada Maria Sofía Garcés Martínez, ambos recluidos al penal de Pacho Viejo. A Martín, asiduo permanente a las reuniones con el Procurador López Márquez, se le está haciendo justicia y reconoce y reconocemos la voluntad política del gobernador Fidel Herrera Beltrán, y al Procurador Emeterio Lopez Márquez, en resolver este asunto donde se involucran políticos de otro sexenio y no por eso se dejó de actuar.

En este sexenio fidelista, los comunicadores y periodistas no se pueden quejar. Hace unos días se emitió un decreto donde se crea la Defensoría de los Periodistas, que tendrá patrimonio y personalidad jurídica propia y que dependerá del secretario de Gobierno. La idea primaria de este organismo fue del periodista José Pablo Robles Martínez, director y propietario de los periódicos “Diario de Istmo”, en Coatzacoalcos, e “Imagen” del puerto de Veracruz. Esta acción a favor de los “tundeteclas”, ha levantado diversas reacciones y la más común es que no se les consultó a los periodistas.

Otros, quienes lo piensan y no lo dicen, es que pareciera que el gobernador no va a fondo en lo referente a los asesinatos y desapariciones de periodistas, porque dicho organismo viene siendo similar a una Comisión de Derechos Humanos, que sólo emiten recomendaciones. Por eso las tumbas de los periodistas están llenas de éstas, enterrados tres metros boca abajo para que no se salgan, y ya con tanto papel ya están a 12 metros bajo tierra, y no hay en los últimos 19 casos de muertes y desapariciones de periodistas en la república, tan siquiera un detenido.

También se critica el hecho de que el organismo dependa del secretario de Gobierno, lo que le quita autonomía y politiza los asesinatos de los “tundeteclas”. Se va accionar si le conviene al gobierno en funciones, y en caso contrario no efectuarán nada. Se puede traer el mejor investigador, pero va asumir el cargo con ataduras, además de que las recomendaciones no causan ningún efecto jurídico.

En el ambiente periodístico, como debe ser, no hay uniformidad de criterios y existen entre todos sus particulares intereses y puntos de vistas muy válidos, todos respetables, y eso hace fuerte y grande el gremio, porque la diversidad llega a tener consensos cuando la causa es justa, y más si se trata de una agresión a un miembro de los medios de comunicación, aunque también se dan agresiones entre los “tundeteclas” cuando llegan a tocarse por puntos de vista o acciones entre sus miembros. ¿Quiere ver a un periodista enojado? Pues sólo lo ataque otro periodista.

Ante lo anterior, se comenta que el gobernador de Veracruz, si bien le da su lugar a los medios de comunicación y a periodistas, también es cierto que se está inclinando de una manera muy abierta con el grupo de José Pablo Robles Martínez y su periodismo. Ya tiene el Colegio de Periodistas (a donde no asiste a pesar de su presupuesto y a su enorme edificio), idea principal creada por el desaparecido Ángel Leodegario Gutiérrez, director del diario Política, de Xalapa.

Ahora le otorga la defensoría, y para que no se tenga duda del poder de Robles Martínez (principal promotor de López Obrador en el estado) en el puerto de Veracruz donde vive, estará ubicada la defensoría; aunque es buen lugar por la importancia y número de periodistas en el puerto, aunado a que está también cerca de todas las regiones de Veracruz. Por último, está la delegación de la Secretaría de Gobierno en la ciudad y puerto de Veracruz.

Robles Martínez, siempre ha soñado con el poder. Llegó a Coatzacoalcos como director del Diario del Istmo y después con varios socios le compró el diario a la Agencia Mexicana de Información. Ya encumbrado se deshizo de sus socios y se volvió uno de los principales contratistas de PEMEX y de la Azufrera Panamericana donde despachaba Liébano Sáenz. Quiso influir en política y se enfrentó a varios grupos políticos del sur y lo “reventaron” entrando Patricio Chirinos como gobernador por evasión fiscal, por lo que huyó del país. Un periodista político vuelve a sus fueros, pero ahora en la zona centro del estado.

Ya se comenta, como en nuestro caso, que los políticos se dedican a escribir y los periodistas están ingresando a la política. Un mundo bizarro. Volviendo a la “defensoría”, no está mal. Todo lo que sea en beneficio de los periodistas está bien, pero lo ideal sería que la “defensoría” tuviera personalidad jurídica y patrimonio propio, y sobretodo autonomía, lo que podría resolverse con la participación del Congreso Local, quien a propuesta del ejecutivo se nombraría al defensor de los periodistas, y entonces sí habrá justicia para los “tundeteclas”.

La “defensoría” tiene los mismos problemas que la fiscalia creada para periodistas por la Procuraduría General de la República, estando sujeta al Presidente a través del Procurador de la nación. Se dice esto, porque casos como el de Martín Serrano, tuvieron que resolverse cuando se fueron los alemanistas del poder para que le hicieran justicia, o el caso de don José Luis Gracia en Pánuco, aplastado por el ex contralor García Guzmán, quien con su enorme e ilícita fortuna todavía da recetas de moral. El caso pendiente también es el de José Miranda Virgen, quien después de decir que los alemanistas estaban involucrados en el narcotráfico, se quemó misteriosamente en su departamento.

Que no decir de los poderes regionales. Jesús Sandalio Mejía Lechuga, de Martínez de la Torre, todavía no aparece después de entrevistarse con Alfonso Allegretti. Ahí están las agresiones de Arturo Hérviz contra los reporteros de Política, y la osadía de Sergio Cadena, alcalde de Catemaco, con todo y sus robos y violaciones a mujeres, retando al periodista del Diario de Xalapa, Víctor Murguía, por decirle sus verdades. Jorge Cárdenas Escobar, de Notisur de Acayucan, amedrentado por Cirilo Vázquez Lagunes, que al igual que su “compinche” Renato Tronco, alcalde de las Choapas, arremete contra periodistas de El Liberal de Coatzacoalcos.

En fin. Todo está bien con la defensoría, sólo que le den autonomía a través del Congreso, porque ahora se puede confiar en el gobernador, pero cuando se ve que sus funcionarios se reúnen con Cirilo Vázquez y que los diputados Rómulo Salazar y García Guzmán se pasean por Palacio de Gobierno, con impunidad ¿qué seguridad da la defensoría?


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