¿QUERÍAN MATAR AL GOBERNADOR?

César Augusto Vázquez Chagoya
21 de febrero 2006

Si querían subir el pasaje público en el estado de Veracruz, no había necesidad de andar inventando grupos armados que quieren desestabilizar al estado. Ya no se conforman con que en la zona limítrofe con Oaxaca y Puebla se hayan asesinado a dos líderes cañeros de la CNC, a la líder de la UGOCEM y al dirigente de la CROCUT, Cesar Toimil Roberts. Tampoco se espantan de que se ejecuten a los cinco oaxaqueños (donde se incluía al alcalde de Ixtepec, Oaxaca, persona muy allegada a los gobernadores José Murat y Ulises Ruiz) en plenas narices de la Policía Ministerial y de la Federal Preventiva en el puerto de Veracruz.

Sólo en este año, hay varios ejecutados en todo el territorio del estado por el motivo que fuese, y que se diferencian de los homicidios comunes por venganzas o riñas, al tener la marca de los disparos en la cabeza: existen dos hojalateros de Cerro Azul que no aparecen desde hace un mes, después que se los llevaran encapuchados. El homicidio de Plinio Cruz González, de Poza Rica, quien llegando a su rancho le metieron 60 puñaladas.

Que no decir de la ejecución de Ángel Filemón Méndez Capistrán, quien metido al negocio inmobiliario, está ligado a los grupos políticos regionales de Misantla y con altos funcionarios del Gobierno del Estado, ubicados en el área de Desarrollo Regional y la SEC.

No les preocupa que en Coatzacoalcos fuera ejecutado, con todas sus letras, el político Leobardo Castellanos Montiel, quien había unidos sus esfuerzos con el ex alcalde de Nanchital, Ricardo Castelo, y el actual Francisco León Ocejo, para derrocar al líder de la sección 11 del sindicato petrolero, Ramón Hernández Toledo: no bien veía el cadáver el subprocurador Tomás Cristóbal Cruz, y gritaba a los cuatro vientos de que era un asunto pasional, que no tenía nada qué ver con la política.

Mientras tanto, en Misantla se descubre el deshuesadero de autos robados en Xalapa, donde están involucrados políticos y policías, además ligados los delincuentes con los autores de las últimas ejecuciones en el Totonacapan. No les preocupa que dos jueces amenazados por líderes del narcotráfico, dejen en libertad a sus cómplices. Ahí está el asalto o mensaje al diario Notiver y el asalto al camión de la línea Azteca entre Xalapa y Coatepec, donde le quitaron 30 mil pesos al cobrador de lo recogido en el día (por sólo 8 horas que llevaba laborando eso había cobrado por prestar el servicio, y aún así dicen los transportistas que están quebrados).

Se decía de que no había necesidad de inventar un escándalo para aumentar el pasaje, al “sembrar” armas en un rancho de San Rafael, para ponernos a temblar porque grupos armados quieren realizar una matanza; un hecho de grandes proporciones en contra de la seguridad estatal, hasta llegar a un magnicidio.

¿A qué persona con poder querían matar ese grupo de 25 personas, las cuales fueron detectadas por comerse una vaca? El único que está en movimiento constante por sus giras en todo el estado es el gobernador Fidel Herrera Beltrán. Eso sí: sería un magnicidio que pensar que fuera Fox, porque no va por esa zona.

Según los sesudos funcionarios como el secretario de Gobierno, Reynaldo Escobar, estas acciones pudieran hacerlas “un grupo no identificado” y que pudieran ser narcotraficantes, guerrilleros o un grupo armado que quisiera hacer una “guerra de grandes proporciones con el armamento encontrado”, consistente en 2 metralletas R-15; una escopeta del 12; un fusil con mira telescópica de un tiro; un tubo de lanza granada y 9 metralletas AK-47, mejor llamadas “cuernos de chivo”.

Entonces según la lógica del jefe de la seguridad interna, los veracruzanos nos debemos cuidar de los grupos móviles de Seguridad Pública Estatal, que por lo menos traen ese armamento o más. ¿Porque meter ruido para llamar o meter miedo a la población? Pues con el único motivo de que no saben cómo decirle al pueblo que se subirá el pasaje público en más del 10%, cuando el salario mínimo fue aumentado en un 4.50%.

Un crimen a la economía del pueblo y un gran apoyo a los pulpos camioneros, quienes en el gobierno de Miguel Alemán le subieron al pasaje por lo menos 4 veces, convirtiéndose en el pasaje más caro de la república, con el argumento de siempre: que mejorarán el servicio y que apoyarán al PRI en las próximas elecciones, lo que nunca han cumplido.

¿Cuál grupo guerrillero en zona de playa? No existe. El accionar de las guerrillas generalmente es en las regiones pobres, como las sierras. ¿Grupo de narcotraficantes? Tampoco, ya que no tienen necesidad de hacer un campamento ni comerse una res, porque ellos viven en ese lugar. Costa Esmeralda es su hogar. “Grupo que iba hacer una matanza de grandes proporciones”. ¿A ver a qué horas se lo permitirían la zona controlada por los narcos? Además, contando con vehículos, dinero, armas y lanchas, es fuera de proporción que se mostraran comiéndose una res como si estuvieran hambrientos.

No hay de otra. No se duda de la palabra del ganadero quien denunció los hechos, pero sí de la mentira del gobierno de que el grupo armado fue detectado por “la inteligencia local”. Si mataron la res es para que los vieran y así sembraron las armas, que fueron esparcidas en el predio. Si es verdad que huyeron como dice el gobierno, no dejan las armas: sería muy estúpido y peligroso. Al encontrar tres vehículos, ropa militar, además de ropa íntima de mujer (con lo que suponen que en el grupo había mujeres) y una lancha, porque no nos dicen a quiénes pertenecían ¿Esos vehículos y lancha no tienen marcas de identificación?

En la conferencia de prensa del secretario de Gobierno, Procurador, jefes navales y autoridades federales, dada en el cuartel del sector naval en el puerto de Veracruz el 20 de febrero pasado, el único que hablo fue Reynaldo y fue el que dijo todo. Él y su única verdad. Después del aumento del pasaje, una verdadera puñalada a la gente necesitada y se olvidarán del asunto de las armas, porque el objetivo ya fue cumplido.

Fíjense que el secretario de Gobierno se enteró del aumento del pasaje por medio de un noticiero (el grupo de “inteligencia local” detecta un grupo armado en San Rafael y no se entera de lo que pasa en Palacio de Gobierno, a pesar de que Reynaldo se quedó en el lugar del gobernador, que anda por Europa). La directora de Tránsito, Martha Montoya, que depende de él, no le consultó. Se mandan solos en el “gobierno organizado”, que está en la mente del gobernador, que por cierto ya puede regresar de Inglaterra, porque los facinerosos ya huyeron y no hay posibilidad de que lo maten, según “la inteligencia local”, y cuando llegue a Palacio de Gobierno, se enterará que en su ausencia se apuñaló a la economía popular. Por favor, más respeto al gobernador.

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DENUNCIAS Y RENUNCIA DE REYNALDO

César Augusto Vázquez Chagoya
19 de febrero 2006

En Veracruz y a nivel nacional, surgen voces de que todo es un “complot”, con eso de las grabaciones del gobernador de Puebla y la violación de los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho en contra de los gobernantes del PRI, que en los estados representa el voto duro del tricolor.

Sólo faltaba manchar al gobernador de Veracruz, pero éste está gobernando muy limpio. Lo anterior lo dijo Jorge Uscanga Escobar, quien quiere la senaduría y un día presiona al gobernador y al otro lo defiende.

Jorge Uscanga se equivoca: el complot en contra del gobernador está desde que tomó posesión. Fidel Herrera Beltrán no necesita un enemigo más, sino que basta con el actuar de su secretario de Gobierno, Reynaldo Escobar Pérez. Un día sí y al otro también mete la “pata”, con declaraciones fuera de tono y de lugar, además de que le encanta estar en el ojo del huracán. Ahora amenaza en denunciar a sus detractores entre los que se incluyen a los directores de los diarios AZ, Seis en Punto, así como a dueños de páginas electrónicas, sólo que antes, para que en la lucha jurídica haya igualdad, primero que Reynaldo Escobar Pérez, renuncie a su cargo de secretario de Gobierno.

Cuando fue alcalde de Xalapa, al construirse el relleno sanitario, el cartonista Tlacuilo y el periodista Javier Hernández Alpízar, documentaron que en la población de Chiltoyac habían muerto niños por diarreas debido a la grave contaminación de la basura, aparte del daño ecológico a la zona, y el flamante presidente municipal de Xalapa los demandó.

Ahora pretende hacer lo mismo. El encargado de la política interna muestra su ineptitud, al utilizar las demandas judiciales dizque para lavar su nombre, en vez de aclarar a la opinión publica los señalamientos, pero como se siente el salvador de Xalapa, asume conductas contradictorias con su función de jefe de la política interna del Gobierno del Estado, y de su aspiración de volver a ser alcalde de Xalapa, donde sí hay dinero para que no le regateen sus borracheras, como se lo señaló su ex director administrativo Gonzalo Morgado Huesca.

¿Qué va a demandar? Se le ha dicho que es “taibolero” y él mismo lo ha reconocido públicamente. De que se ha enriquecido inexplicablemente, es cierto. Que llega ebrio a despachar al Palacio de Gobierno y asiste a los actos oficiales en el mismo estado, es público y cierto. Como encargado de la política interna, dejó de cumplir sus obligaciones y por su culpa hay cerca de 80 niños recluidos en el centro de readaptación en Banderilla, así como menores de 12 años. Tampoco vigiló que no hubiera anomalías en los penales, y en el más cercano a Xalapa (ubicado en Pacho Viejo) no se dio cuenta que Everardo Rodríguez Serna, con cargo de director, tenia cocaína en su despacho. Ambos estuvieron juntos en el ayuntamiento con Rafael Hernández Villalpando.

También se le ha dicho que anda como la Lupita D’alessio, peleándose con todos. Reynaldo, nadie más, luchó el año pasado para meterse en todas las áreas y recuperar el ser encargado de la política interna del estado, y así lo demostró cuando revisó a Maquinaria de Veracruz y encontró maquinaria descompuestas. Pues así como se erigió en el número dos del gabinete, que asuma sus desatinos por andar más en estado etílico que cumpliendo sus funciones, y autonombrarse el “padrote” por sus inseparables lentes negros.

En el anterior tenor, ¿por qué no actuó igual en el caso del Consejo del COAS?, o por lo menos anteponer una queja ante el Tribunal de Justicia en el caso donde una juez de Orizaba dejó en libertad a un narcotraficante en diciembre del 2004, cuando ya era secretario de Gobierno ¿Dónde estuvo Reynaldo cuando un juez de Jalacingo dejó en libertad a los narcotraficantes que extorsionaban a la alcaldesa de Atzalan? ¿Qué ha dicho cuando se dejó libre al que traía el arma con que se asesinó al ex síndico de Coyutla? No se mete con esas mafias porque esas sí matan y en la oscuridad, pero las plumas periodísticas no: aquí se da la cara y se tiene nombre y apellido.

Hace poco aventó la bravuconada de “que se les olvidaba cuando andaban de hippies y enmariguanados”, refiriéndose a un periodista, pero nadie agarró la onda, ni se puso el saco. Cómo olvidar cuando “El Platanero” (dueño del bar “El Caballo Blanco” por la salida a Banderilla, donde se vendía cabrito a los desvelados) mató a José Luis Hernández e hirió a su hermano Octavio, socios de Reynaldo en su despacho jurídico particular, en el desaparecido café “Terraza Jardín” en pleno centro de Xalapa, quien manifestara ante la policía que estaba cansado que lo extorsionaran los socios del hoy secretario de Gobierno. Qué decir de sus relaciones con Augusto Lagunes Coronado (a) “El Camachin”, en los tiempos esos, donde los cantineros donaban útiles y desayunos para niños ¿A cambio de qué?

Dice que nadie lo puede cuestionar por su administración en el ayuntamiento xalapeño, entonces que explique porque se metió primero el sistema de saneamiento y agua por las zonas de los ricos y donde se construyen los grandes centros comerciales, y dejó para lo último las colonias más pobres, donde no se pueden concluir los trabajos.

¿Qué hay de los permisos indiscriminados para poner gasolineras y torres para las compañías de celulares? ¿Que no su mujer era la síndico, encargada de vigilar el patrimonio del pueblo? ¿Y qué papel jugó su cuñado en el sistema de agua potable?

¿Por qué se le dice traidor? Ahí están Villalpando, Dante Delgado, los priístas que tachó de corruptos (partido al que regreso con un acto masivo), el PRD (donde quería ser su candidato a gobernador y como no lo dejaron se les echó encima), entre otros.

Qué decir de los alemanistas, que de ser el primero en el estado, se fue atrás para atacarlos por la espalda como le hizo a Flavino Ríos. Bravucón como es, anunciaba a los cuatro vientos que lo demandaría porque le pagó al despacho de abogados Link Internacional 23 millones de pesos, a pesar de que había perdido un juicio ente la federación; pero el 7 de junio pasado se le presentó el ex funcionario y se echó para atrás públicamente y yéndose el oaxaqueño siempre sí metió la demanda en la Procuraduría, demostrando como cumple con su palabra.

¿De que es el principal desestabilizador del gobierno? Claro, está peleado con los dirigentes del PAN y con los de Convergencia. Ataca de “complot” a sus propios compañeros, señalando a Mikel, Yunes Landa, Dionisio Pérez y hasta Antonio Nemi. Por su boca se anuncia que con el penal de Villa Aldama se va a resolver el problema de sobrepoblación en los penales y así los reos ya se preparan en ampararse ante la justicia federal: “El Brisas” lo demostró, no pudieron retenerlo en La Toma porque no estaba sentenciado y tuvieron que regresarlo al de penal de Allende, donde los sentenciados alegarán que no pueden estar lejos de su familia.

¿Qué puede comprobar que no es el desestabilizador? Sólo hay que ver con qué periódico está aliado y saber que estos apoyan con todo a López Obrador, el único beneficiado por el escándalo de Lydia Cacho. El secretario se vuelve afiliar al PRI y por debajo del agua apoya al PRD (¿Eso también es instrucción del gobernador?, por qué según Reynaldo todo lo consulta con el mandatario).

Reynaldo se ufanaba de su amistad con Mario Marín, el gobernador de Puebla, con quien comparte la “fobia” a la crítica periodística, y lo malo es que ya hay cosas que sigue haciendo mal y ya mejor ni se menciona, porque estamos cayendo en cinismo colectivo.

Que bueno que Reynaldo demande a los periodistas y los medios de comunicación, que según él lo denigran. Por lo menos en esto da la cara y no actúa traicioneramente como acostumbra, pero que cumpla su palabra y que renuncie al cargo, para que no se dude de que el escándalo será por el lado de Reynaldo y no por el del gobierno de Veracruz, aunque para empezar, ya metió en un lío al gobernador, quien manifestó en mayo del año pasado que funcionarios que demandaran a periodistas se irían de su gabinete.

No se quiere ventaja, sólo que ambos cumplan su palabra.

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DE FISCALÍA A FISCALÍA

César Augusto Vázquez Chagoya
16 de febrero 2006

Dice el licenciado Mario Ignacio Álvarez Ledesma, subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, y de quien dependerá la fiscalía de los periodistas, que se busca la real protección de la actividad de los “tundeteclas”. Lejos quedaron las 32 fiscalías que creó de plumazo el presidente Vicente Fox a raíz de la presión de los editores de toda la república, motivada por la ejecución del dueño y director del diario “La Opinión” de Poza Rica, Veracruz, Raúl Gibb Guerrero. Hasta se atrevieron a filtrar que su muerte de debió a un cuantioso seguro de vida de 10 millones de dólares, donde según la beneficiaria era una alta funcionaria del C4 de Poza Rica. La pobre mujer, se la trajeron hasta Xalapa, por miedo a que los familiares trataran de hacerle daño, a pesar de que todo era mentira.

Total que de las 32 fiscalías, uno para cada estado, ninguna funcionó. En Veracruz se nombró al licenciado y xalapeño Gustavo Jiménez Caballero, agente del Ministerio Público en Coatzacoalcos, pero no tuvo ningún contacto con los “tundeteclas” del estado durante 10 meses. Después, el diario “La opinión”, el 8 de diciembre del año pasado, dio a conocer de que el personal a cargo del crimen de su director, estaban parados: ni para atrás ni para adelante, atreviéndose a catear la casa del hijo de Silvia Gibb Guerrero, Brian Buiss Gibb, quien ante el acoso tuvo que salir del país.

Después la PGR, dio como un hecho que el asesino intelectual del periodista era el “Zar de la Gasolina”, Martín Rojas López, detenido en Estados Unidos por evasión fiscal. El caso es que el crimen de Gibb está impune y nadie voltea hacia los mafiosos de la región del Totonacapan, los que han matados políticos y periodistas, y con quien Gibb Guerrero, también tenía problemas porque se metieron a la función pública y siempre los atacaba el fallecido editor.

La Fiscalía de la PGR no funcionará porque no es solicitada por los periodistas y no los involucra en saber los avances de las investigaciones como sucede en Veracruz. A raíz de la muerte de Gibb y ataques a varios periodistas, en el mes de mayo del año pasado hubo dos manifestaciones en Xalapa, pidiendo la “Fiscalía Especializada en Ataques a la Libertad de Expresión” y el 13 de mayo, en el café de la Parroquia de Xalapa, el Procurador de Justicia del Estado no anunció la fiscalía, pero se comprometió a ser la “ventana” y llevar personalmente los casos de agresiones a periodistas, con el compromiso de reunirse cada día 7 de cada mes para dar a conocer los avances de las investigaciones.

Hubo en esos meses avances y se giraron órdenes de aprehensiones contra agresores; también hubo arreglos entre las partes y en otros casos están atorados, pero no muertos. En un principio, los periodistas presentaron casos desde 1956 de muertes y desapariciones de “tundeteclas”, pero muchos habían prescrito con el tiempo, aunque se solicitó la reapertura de los casos de la desaparición de Jesús Sandalio Lechuga, de Martínez de la Torre, y del periodista José Miranda Virgen, quien murió de manera extraña quemado en su departamento, después de señalar que funcionarios del gobierno alemanista estaban involucrados en el narcotráfico.

En todos los casos presentados desde 1956, había un factor común en sus muertes: el poder regional o municipal. Hay casos que todo mundo sabe quién los mandó a matar, pero no hay pruebas o se han ido muriendo los involucrados. Por fin, el 13 de noviembre del 2005, el Procurador de Justicia, Emeterio López Márquez, por instrucciones del gobernador Fidel Herrera Beltrán, firma el acuerdo 063/2005, donde crea la “Fiscalía Especializada en Delitos en Agravio de Periodistas en Ejercicio de su Función”, recayendo el primer nombramiento como fiscal en el licenciado Mario Delfín Domínguez, quien despacha en Rebsamen 107, centro de Xalapa, Veracruz, con los teléfonos de oficina 01 2288 189093 y el celular disponible las 24 horas del día durante los 365 días del año el 01 2281 344101.

En Veracruz, se dio un paso importante en crear la fiscalía y falta más, porque hay que buscar su autonomía para que con recursos propios se pueda investigar con objetivos de buscar la justicia a secas, y no estén sujetos al poder político; pero para eso se necesita la voluntad del Gobernador y de la Legislatura del Estado. Para esto, hay que tomar en cuenta a los organismos internacionales cuando señalan que “en México, la profesión de periodista es la más peligrosa”.

La diferencia entre la Fiscalía de la PGR y la estatal, es que la primera fue una decisión unilateral y no hay involucramiento de los periodistas, como sucede con la de Veracruz donde hay reuniones cada mes. Sería bueno que la fiscalía de la PGR, empiece por enjuiciar al gobernador de Puebla, Mario Marín, por el abuso de autoridad y tortura en contra de la periodista Lydia Cacho (quien tiene la fortuna de estar viva, por los personajes involucrados en su libro”Los Demonios del Edén) y que tengan la suficiente responsabilidad para enfrentarse con el crimen organizado, principales agresores de periodistas en estos tiempos modernos. Soñar no cuesta nada.

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“MÁTAME EN LA OSCURIDAD DE TU COBARDÍA”

7 de febrero 2006

César Augusto Vázquez Chagoya

Otro atentado a la libertad de expresión en la República Mexicana. Ahora, ninguna autoridad va a poder alegar que a los periodistas se les ataca por sus pecados personales, que es lo primero que hacen: primero enlodan el nombre del periodista y nunca resuelven el crimen.

Este caso fue a las 2 de la mañana de este 7 de febrero, cuando dos hombres encapuchados con armas de grueso calibre, irrumpieron en las instalaciones del diario “El Mañana” de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y empezaron a disparar desde la recepción y bajaron a la redacción, donde estaban redactores, periodistas y editores, hiriendo de 5 balazos a Jaime Orozco Tey, de la sección policíaca, arrojando una granada de fragmentación para terminar con amenazas contra todos, y huyendo en la oscuridad de la impunidad.

Según la organización no gubernamental “Reporteros sin Fronteras” señalan que en el sexenio de Vicente Fox se han asesinado a 14 periodistas y son los siguientes: 6 periodistas de Tamaulipas: Pablo Pineda Gaucín, Saúl Antonio Martínez, Félix Alfonso Fernández, Roberto Mora García, Francisco Arratia y Guadalupe Escamilla; 3 de Chihuahua: José Ramírez Puente, José Luis Ortega Mata y José Barbosa Bejarano; 2 de Guerrero: Gregorio Urieta y Leodegario Aguilera Lucas.

Con un periodista muerto, Raúl Gibb Guerrero, además de Veracruz figuran Baja California, donde fue asesinado Francisco Ortiz Franco; y Sinaloa, donde falleció Gregorio Rodríguez. También revela “Reporteros sin Fronteras” que a la fecha continúan desaparecidos los periodistas Alfredo Jiménez Mota (Hermosillo, Sonora) y Jesús Mejía Lechuga (Martínez de la Torre, Veracruz), sin que las investigaciones realizadas por las autoridades locales y federales hayan logrado resultados positivos.

Mientras tanto, las agresiones a la prensa muestran un preocupante crecimiento en todo el mundo, pues de 53 periodistas asesinados en el 2004, la cifra se elevó a 63 en el 2005.

Además, el año pasado murieron 5 colaboradores de medios de comunicación, 807 periodistas detenidos por imputárseles diversos delitos, mil 308 agredidos o amenazados y más de mil medios de comunicación censurados. La mayor parte de los casos de comunicadores asesinados no han tenido avances significativos en las pesquisas, salvo aquellos en que se ha detenido a presuntos autores materiales cuya culpabilidad estaría en proceso de comprobarse.

Eso dice “Reporteros sin fronteras”, y las cosas están más graves. Ahora los narcotraficantes se metieron a la política, siguiendo al pie de la letra lo que escribió Mario Puzo, en su novela “El Último Don”, donde manifiesta que el mafioso debe controlar el poder en el municipio donde opere, “porque sino no sabe qué negocios tiene entre manos”.

Lo de Nuevo Laredo en esta madrugada, revela el grado de impunidad de los sicarios. No se tienen antecedentes de un caso similar sobre periodistas en el país, donde entren a una instalación de un medio de comunicación y lo rocíen de balas, amedrentando a los que se encontraban en ese momento, que eran aproximadamente 20 personas.

El diario “El Mañana”, afiliado a la Sociedad Interamericana de Prensa, había organizado hace unos días el seminario “Narcotráfico: Investigación y Cobertura Noticiosa”. Que mejor tema para puyar a los facinerosos. Antes ya se había mencionado que se seguirían las investigaciones que llevaran al momento de morir violentamente un periodista. El mensaje es claro: matas a uno, pero vendrán más. Dice la Presidencia de la República que lamenta el atentado en contra de “El Mañana”, y que la PGR atraerá el caso de inmediato.

En Veracruz, ya nos sabemos el cuento: el caso de Raúl Gibb lo dice todo.

El director del diario “La Opinión” de Poza Rica, tenía sus “asegunes” y entre ellos era estar enfrentado con el zar de la gasolina adulterada, Martín Rojas López (detenido en Estados Unidos por evasión fiscal), y con la mafia que controla toda la región del Totonacapan, representada en la trilogía de los diputados federales Guillermo Zorrilla, Rómulo Isael Salazar Macias, y el ex alcalde de Coyutla, Basilio Picazo Pérez.

Al periodista lo asesinaron el 8 de abril del año pasado, y en primera instancia el caso lo tomó la Procuraduría General de Justicia del Estado, pero después de una reunión del Presidente de la República con editores del país, lo atrajo la Procuraduría General de la República.

Pasaron los días y venían altos funcionarios de la PGR al puerto de Veracruz (cuando los hechos fueron en Poza Rica) para decir que ya tenían sospechosos; hasta se realizaron cateos a la casa del sobrino del editor ultimado. El 8 de diciembre, no podía ser más triste la nota principal del Diario “La Opinión”: ABANDONA AFI EL CASO RAÚL GIBB. Sacan dos notas, donde se demuestra que a ocho meses del asesinato del editor, los comandantes de la AFI y el encargado de la investigación, José Antonio Vázquez, no sabían nada, y ni para atrás y para adelante con el caso, pero tampoco con muchas ganas de aclarar el homicidio. (Las dos notas se ponen a disposición de nuestros lectores en la página de Internet: www.enlaceveracruz212.com.mx)

Así que lo del caso de Nuevo Laredo está condenado a lo mismo que el de Raúl Gibb Guerrero, como también sucedió con la desaparición del periodista de Martínez de la Torre, Jesús Sandalio Mejía, quien se iba entrevistar con el presidente del PRI de ese lugar, Alfonso Allegretti Mejía, y desde ese día no se le ve.

Allegretti, acribillado el 30 de abril del 2004, era el cuarto hombre del cuarteto, ahora trilogía, que controla el Totonacapan. Los casos de los periodistas asesinados y más, si se dedican a la investigación, no se resolverán, porque para nuestra desgracia el narcotráfico ya llegó al poder.

Casos concretos de que tienen compradas todas las estructuras del gobierno: ahí está el caso de la Juez de Orizaba que tuvo que dejar libre a un narcotraficante, cuando le llevaron a su casa una caja con dinero acompañada con la copia de la credencial de elector de sus familiares más allegados, trabajo que sólo pueden hacer oficinas de investigación del gobierno.

Otro: Alba Leonila Méndez, alcaldesa de Atzalan, mejor se hubiera quedado callada cuando la extorsionaban los narcotraficantes con dinero, pero tuvo la osadía de ser buena ciudadana y denunció el caso a las autoridades, quienes detuvieron a los malhechores con el dinero de la extorsión y armados, pero al cabecilla y a otros lo dejó libre el Juez de Jalacingo.

Qué contar de la supuesta Agencia Federal de Investigaciones, que sustituyó a la corrupta Policía Judicial Federal, porque ahora sí habría verdaderos investigadores. Todos somos testigos de sus operativos en la madrugada en el barrio de Tepito en el Distrito Federal, combatiendo a la piratería y decomisando mercancía. Toneladas, muchas para impresionarnos, pero ¿dónde están los delincuentes? Ningún detenido. Lo mismo hacen en Veracruz: pierden su tiempo en decomisar mercancía a los vendedores ambulantes y a los “pulpos” nadie lo detiene. No se necesita ser una agencia, ni federales y tampoco investigadores para saber quiénes venden mercancías piratas. Si eso pasa con los “pulpos” de la piratería y el contrabando, qué no compran los dueños del dinero fácil: los narcotraficantes.

De norte a sur del estado, los narcotraficantes ya se metieron a la política. Fortunas repentinas en varias ciudades: unos dan la cara porque quieren poder, y otros se conforman con las comodidades del dinero para que su familia viva bien y los hijos estudien para que no se dediquen a la peligrosa profesión, pero esos al parecer ya empiezan a ser los menos.

Los que dan la cara compran conciencias de comunicadores y editores: eso también es verdad; pero otros no y a esos se les mata, se les arremete con el escudo del anonimato, en la oscuridad, encapuchados. Los periodistas tienen como única arma su pluma y su valentía, y son hombres y mujeres públicos. No se esconden y ahí están las consecuencias.

Estudiosos del narcotráfico dicen que el ciudadano se puede dar cuenta cuando un gobierno está involucrado con el narcotráfico porque nombra como titulares de las policías y procuración de justicia a personas de pocos alcances, que desconocen el medio y nadarán como “patos”, y pase lo que pase, tendrán atole en la sangre. Sólo hay que analizar a los funcionarios federales, estatales y municipales que estén en las áreas mencionadas y nos daremos cuenta de en qué manos estamos.

Con el ataque a “El Mañana”, no sólo los periodistas investigadores se deben cuidar, sino también sus compañeros y los dueños de los medios de comunicación. El narcotráfico está jalando y arrasando parejo. Está buena la idea de que por cada periodista que caiga bajo las balas, un equipo de compañeros siga sus investigaciones: la única fuerza del periodismo es que independientemente de que todos piensan diferente, cuando gritan lo hacen fuerte, cada quien a su modo y por el medio a su alcance. El periodismo transforma sociedades y con la sola pluma han caídos presidentes y gobiernos enteros. No hay de otra, hay que empujar para adelante.

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LITERAS ASESINAS

César Augusto Vázquez Chagoya

2 de febrero 2006

Por años los reclusorios del estado han estado mal. En sexenios anteriores, con todo y los hacinamientos, lugares insalubres y cero readaptación social, se mantenían los penales bajo control, al aceptar la autoridad que no los podían controlar y que los autogobiernos de los internos era la mejor forma para que se hicieran ricos los funcionarios con dinero limpio y se mantuviera el orden; los líderes de los reclusos hacían su “bolsita” para su salida y los custodios completarían los míseros salarios que reciben.

En un penal o reclusorio de Veracruz se cobra de todo: desde el pago por no hacer limpieza, hasta el tener una cama con colchón, o que no lo molesten, comer mejor, tener acceso a áreas restringidas, visitas conyugales (así sean de casa o de la prostitucion interna). Tener privilegios como alquilar la radio o un televisor, y entre tantas cosas como tener acceso a consumir lo que se le antoje. Todo es negocio, desde la tienda y las concesiones para vender droga, cigarros, alquilar hamacas, etc. Las artesanías, parte de las ganancias se quedaban ahí, por dejarlos trabajar.

La mecánica de la corrupción en los penales ya todos la sabían, desde familiares y abogados. Al inicio del sexenio fidelista se empezó a descomponer la disciplina interna en los penales al nombrar directores sin ninguna experiencia penitenciaria, ya ni siquiera para pedirles estudios en criminalística.

Como ejemplo, en el penal de Pacho Viejo es director Everardo Serna Rodríguez, ex líder estudiantil, cuyo único mérito en la vida, es habérsela pasado de bar en bar; y ahora que no toma, de café en café, donde sentado le llegó la suerte de tener a cargo uno de los penales en mejores condiciones y cerca de la capital del estado. Así como Everardo, se nombró a improvisados en los demás reclusorios, y empezaron los muertos por riñas y los que se “caían de las literas”, porque los nuevos funcionarios se ponían a pelear o a dividir los sistemas de autocontrol para tener más dinero, y las amenazas a los líderes de que serían trasladados a otro reclusorio si no cumplían con sus cuotas económicas.

La cuerda tenía que reventar. Las recomendaciones no servían para los penales, porque en vez de mantener todo tranquilo, rompieron el equilibrio. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos tiene documentadas todas las anomalías de los 22 penales estatales, pero por falta de presupuesto y de una reforma a fondo en el sistema penitenciario, se han ido aplazando las soluciones.

Después de la estancia en la Dirección de Reclusorios en el estado, Martha Montoya Barradas, una recomendada de Gustavo Souza Escamilla, y ex miembro de su despacho jurídico con especialidad en derecho civil, puso al rojo vivo el tema de los penales y las grandes ganancias que dejan.

En la gestión de Montoya Barradas, se dio el mayor número de riñas de las que se daban en un sexenio. Se murieron más internos que en los últimos 10 años: tres motines en un sólo año. La señora demasiado aguantó. Ahora entró al relevo Harry Jackson Sosa, político profesional, quien ha tenido mucho contacto con el área de justicia, pero entrando se lo bailó el nuevo director del Penal de Allende del puerto de Veracruz, Ignacio Cervantes Jiménez, al hacerle creer que “como caso mundial, los presos entregarían sus armas punzocortantes voluntariamente” y que la violencia terminaría con el sólo traslado de Óscar Sentíes Alfonsín (a) “El Güero Valle” al penal de Cosamaloapan.

Harry, como político de buena fe, acudió al reclusorio a recibir las supuestas armas, que son instrumentos punzocortantes que se utilizan para hacer los cinturones, hamacas, artesanías, etc. Ese sábado 28 de enero, no se trabajó en el penal para satisfacer al nuevo director del penal Ignacio Cervantes Jiménez, para que quedara bien con el nuevo jefe de Readaptación Social. Después, la segunda mentira, cuando un día antes se trasladó al “Güero Valle” al penal de Cosamaloapan y con eso se supone que se acabaría la violencia, pero la situación es falsa porque el que controla el penal realmente es Marcos Pérez Briceño (a) “El Brisas” y a Oscar Senties se le benefició al mandarlo a Cosamaloapan porque allá radica su millonaria familia.

Con las mentiras de Cervantes Jiménez, no se resuelven los graves problemas del reclusorio Allende y de ninguno. También cómo está eso de que el secretario de Salud va a clausurar el penal de Allende por insalubre: el hombre sueña, mal entiende la política penitenciaria, como el secretario de Gobierno, Reynaldo Escobar, quien dice que se van a trasladar a reos el penal de Allende al nuevo ubicado en Villa Aldama y al de “La Toma” en Amatlán, en el centro del estado.

En primer lugar no se puede clausurar el de Allende (así haya lepra) porque no hay dónde meterlos; pero la cosa es más grave, porque se tendrían que trasladar los juzgados del fuero común a esos lugares y también los federales, porque de no ser así, ya vemos trayendo a un preso de Villa Aldama a declarar a Veracruz o de Amatlan al mismo municipio. No alcanzarían las patrullas policíacas.

Hay algo que no se ha dicho y es que el gobierno federal le metió dinero a la construcción del penal de “Mata Cocuite”, cerca de Veracruz, pero se canceló porque las autoridades federales dicen que el edificio va a tener poca utilidad por el salitre. Si así hubieran pensado los españoles, nunca hubieran construido el fuerte de San Juan de Ulúa, que todavía sigue en pie.

En el anterior tema, ahí está el caso del penal de Orizaba, que por la fuga de tres reos se ordenó que trasladaran a la población penitenciaria al reclusorio de “La Toma”, porque el lugar era insalubre, poco seguro y estaba en pleno centro de la ciudad. La medida fue aplaudida por la sociedad y el ayuntamiento, y ya hacían planes para hacerlo museo u oficinas, pero se echó marcha atrás, porque se les olvidó también llevarse los juzgados.

Así que no puede haber nuevos penales, sino se contemplan a los juzgados.

Eso pasa en Allende: no pueden desmantelarlo sin que se contemplen los juzgados del fuero común y federales. Mientras, Marcos Pérez Briceño (a) “El Brisas” es el rey de Allende, ahora que su competidor Rogelio Olivares, ex comandante de la Policía Judicial Federal, está en un separo del reclusorio de “La Toma”.

El que ya debe dejar de andar haciendo el ridículo con eso de que va a clausurar el penal de Allende, es el secretario de Salud, Jon Rementería, porque son tantos los intereses que se manejan en un reclusorio, que lo menos importante es la salud de los internos.

Los penales que están adentro de las ciudades son los de San Andrés Tuxtla, Cosamaloapan, Veracruz, Orizaba, Jalacingo, Misantla, Poza Rica y Pánuco. Entonces, el problema es de mucho dinero y muchos quieren que las cosas sigan igual por las millonarias ganancias que dejan los reclusorios.

Donde sí está grave la cosa, es en el Centro de Observación y Adaptación Social de Niños y Niñas en conflicto con la ley penal, ubicado en Banderilla, cerca de la capital del estado. Si a los presos de los penales para adultos los tratan como perros, a los niños los tratan peor que basura y los tienen en el olvido total. No se vale.

Harry Jackson Sosa tiene un paquetón por delante y va a cumplir de acuerdo a los recursos que se le destinen. A ver cuántos internos se mueren por “caerse de las literas” este año. La situación de los penales en Veracruz está para una condena internacional por violación de los derechos humanos de los reos. Les falta poquito.

Pasillos del Poder
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